Un periodista especializado en la causa sobre la contaminación del fentanilo aseguró que las cifras podrían ser mayores y el Estado no actúa ante la tragedia.
La crisis sanitaria por el uso de ampollas de fentanilo contaminadas ya provocó 52 muertes confirmadas en distintas provincias del país, pero los especialistas que siguen el caso paso a paso advierten que la cifra real podría ser mucho mayor y denuncian una falta total de respuesta del Estado nacional.
El periodista santafesino Pablo Benito, quien investiga el caso desde hace meses, sostuvo que “la cifra oficial es de 52 muertos, pero podrían ser mil o más”. “Lo terrible es la indiferencia: ni desde el gobierno, ni desde la justicia, ni siquiera desde la sociedad parece haber reacción”, apuntó el experto al aire de Radio 10.
Benito denunció posibles irregularidades judiciales en el avance de la causa y apuntó que el juez a cargo, Ernesto Kreplak, es hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, por lo que no debería encontrarse a cargo de la pesquisa. “El propio juez debería haberse apartado”, remarcó el periodista.
Benito también apuntó contra la inacción de organismos de control como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y se refirió a los polémicos antecedentes del laboratorio HLB Pharma, presunto productor de las ampollas contaminadas. “Es un grupo ligado a explosiones y operaciones sospechosas desde hace años”, señaló al respecto.
El periodista vinculó el caso con redes internacionales de narcotráfico. Denunció la desaparición de cinco kilos de fentanilo, una sustancia capaz de matar a medio millón de personas, y mencionó supuestas conexiones con el Cartel de Sinaloa y dirigentes políticos de distintos sectores. “Hay vínculos con dirigentes políticos de todos los espacios, incluso con quienes fundaron La Libertad Avanza“, sentenció.
¿Cómo avanza la causa del fentanilo contaminado?
La investigación avanza sin pausa en la Justicia Federal de La Plata, pero todavía no hay responsables definidos. “No hay información disponible necesaria ahora para evaluar las responsabilidades”, sostienen todavía los investigadores que buscan determinar qué fue lo que sucedió y cómo.
En ese marco y a pesar de la gravedad del caso, no se han dictado detenciones ni imputaciones hasta el momento. “La investigación lleva solo un mes y medio de trámite y es muy compleja”, explican fuentes judiciales consultadas por la agencia Noticias Argentinas. En esa línea, agregaron además que para avanzar se necesita determinar dónde y cómo ocurrió la contaminación en los lotes distribuidos a hospitales de todo el país y las pistas aun no son ciertas: “No hay la información disponible necesaria ahora para evaluar las responsabilidades, para construir una imputación”.
Los investigadores aguardan el resultado del peritaje del Cuerpo Médico Forense, que debe precisar “en qué parte del proceso productivo se produjo exactamente la contaminación”. Ese dato será fundamental para definir eventuales imputaciones.
Las autoridades judiciales intentan vincular alertas previas con fallas en el proceso industrial: “Sin esa relación no podemos avanzar”, advierten. Y, además, agregan que el requerimiento de instrucción implica una sospecha general, pero “falta precisión probatoria”. Actualmente se busca determinar si “todos, algunos o quiénes tienen responsabilidad”. El expediente también menciona una denuncia por narcotráfico en la Triple Frontera que involucraba a uno de los laboratorios, aunque no prosperó.