Las empresas a cargo del transporte público enviaron una dura carta a los secretarios de Trabajo y de Transporte y aseguraron que viven una situación crítica.
Los representantes de las principales cámaras empresarias que reúnen a las firmas que gestionan el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) elevaron una fuerte carta al Gobierno nacional y revelaron que enfrentan una realidad límite.
La misiva, dirigida a los secretarios nacionales de Trabajo, Julio Cordero; y de Transporte, Luis Pierrini; realiza un diagnóstico sobre la crisis económica que enfrentan las compañías y realiza dos grandes anuncios que prometen generar una fuerte polémica con los choferes, enrolados en la Unión Tranviario Automotor (UTA).
De acuerdo con el escrito firmado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA) y Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), tanto los salarios de noviembre como la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) serán abonados en cuotas.
En particular, la carta detalla ambas decisiones de la siguiente manera:
- “Salarios correspondientes al mes de noviembre de 2025: serán cancelados en dos pagos consecutivos, completando la totalidad dentro del plazo máximo de dos meses, conforme el flujo financiero disponible”
- “Segundo Sueldo Anual Complementario (SAC): será abonado en seis pagos consecutivos, en virtud de la imposibilidad objetiva de afrontar su pago íntegro e inmediato sin comprometerla continuidad operativa del sector”
Según indican las centrales empresarias, atraviesan una “gravísima coyuntura económica, financiera y operativa” que golpea a todo el sector del transporte automotor de pasajeros en todo el país. En esa línea, también remarcan que esta situación “ha generado un quiebre absoluto del equilibrio económico, tornando materialmente imposible sostener en tiempo y forma el pago íntegro y contemporáneo de las obligaciones salariales del personal”.
En la misma misiva se indica que las firmas “han advertido reiteradamente que el sector opera con ingresos insuficientes, crecientes costos (combustible, repuestos, mantenimiento, seguros, cargas sociales), distorsiones tarifarias y ausencia de actualización de fondos compensadores, lo cual ha colocado a numerosas empresas asociadas al borde de la paralización operativa” y que es por ello que, buscando preservar el servicio y las fuetes de trabajo, se tomó la decisión de realizar el pago escalonado de sus compromisos con todos los trabajadores.
La Provincia sostiene que el sistema no logra cubrir sus costos en el Transporte Público
En medio de la discusión, la cartera de Transporte recordó que el sistema de colectivos urbanos e interurbanos del AMBA está financiado por el Estado provincial y que, desde 2019, el nivel de cobertura del costo total mediante recaudación llegó al 35%. Sin embargo, desde 2023 la relación cayó de forma sostenida por el desplome de la demanda y la falta de aportes nacionales.
A ello se suma una deuda del Estado nacional con la Provincia que, según la administración bonaerense, asciende a $13 billones por el congelamiento de transferencias. Este escenario debilitó la posibilidad de sostener el nivel de subsidios necesarios para garantizar el funcionamiento del servicio.
La Resolución N° 81/25 establece un mecanismo de actualización mensual basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires, más un 2%. Pero el Ministerio de Transporte advirtió que este esquema no logra compensar los incrementos extraordinarios de costos del sector, vinculados al tipo de cambio, el combustible y el mantenimiento de las unidades.
Frente a esta insuficiencia, el Gobierno planteó la necesidad de aplicar una suba adicional del 10% sobre la tarifa plena vigente. El objetivo es recomponer los ingresos del sistema y reducir la dependencia de las compensaciones tarifarias provinciales, en línea con las proyecciones del Presupuesto 2026.