El Gobierno busca eliminar la publicidad estatal, reformar el financiamiento político y desregular los debates en la previa de las Elecciones 2025.
El Gobierno trabaja en un proyecto de ley que busca modificar aspectos clave del sistema electoral y el financiamiento de los partidos políticos. Entre las medidas propuestas se encuentran la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y de los espacios de publicidad y la desregulación de los debates presidenciales.
El Ejecutivo analiza convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar la iniciativa antes de fin de año, ya que las reformas electorales deben realizarse en años en los que no hay elecciones y por ello el Gobierno tiene poco tiempo si desea que los cambios rijan en las Elecciones 2025.
La propuesta elimina el marco legal que regula los debates presidenciales obligatorios. Según el plan, los candidatos deberán coordinar directamente la realización de estos encuentros, sin intervención estatal.
El proyecto también plantea suprimir los espacios de publicidad electoral que actualmente distribuye el Estado entre los partidos a través de medios públicos y privados. El ajuste también llegaría a los aportes extraordinarios que el Estado realiza a los partidos políticos durante las campañas. Estos fondos, que se distribuyen según el padrón electoral, dejarían de estar disponibles, aunque se mantendría el Fondo Partidario Permanente, destinado al funcionamiento regular de las agrupaciones, con un presupuesto actual de $2.930 millones.
Para contrarrestar aquel recorte, el límite de los aportes privados en campaña se incrementaría de $40 millones a $300 millones por persona jurídica. Además, se eliminaría el tope de gasto para los partidos políticos.
De las PASO a filtros más estrictos
La Casa Rosada impulsa también modificaciones en la Ley N° 23.298 para endurecer los requisitos de funcionamiento de los partidos, como elevar del 2% al 3% el piso de votos requerido en las últimas elecciones para mantener la personería, aumentar de cinco a diez los distritos en los que deben estar presentes para ser considerados partidos nacionales y exigir un mínimo de 35.000 afiliados para su reconocimiento.
El proyecto incluye la extensión de los delitos electorales a las elecciones internas de los partidos, la incorporación de un fiscal a la Cámara NacionalElectoral (CNE) y la posibilidad de solicitar veedores judiciales. Además, plantea aumentar las multas por irregularidades financieras y prohibir aportes de personas procesadas o vinculadas al lavado de dinero.
El Gobierno busca consenso para avanzar en estas reformas, que prometen generar impacto en el sistema político y electoral del país. La convocatoria a sesiones extraordinarias será clave para definir el futuro de estas iniciativas.